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Lo que ha sido la Inquisición

LA INQUISICIÓN

INICIOS:
Por lo menos tenemos varias inquisiciones: civiles y religiosas. Y, dentro de estas, protestantes y católicas. Dentro de las católicas, la siciliana, la romana, la francesa, la española y la portuguesa. En todas las épocas e en todos los países han existido inquisiciones [llamemos así los juicios y muertes por el único delito de ser religioso o de prácticas religiosas juzgadas anti-estatales]. Para citar algunas: El AT manda aplicar la pena de muerte a las adúlteras(os) e blasfemos. Un caso ya en tiempos históricos: Esteban, el diácono. El propio Jesús {según nuestra Ley debe morir}. El Corán la aplica actualmente a los blasfemos e conversos. Históricamente vemos esta actuación en los mártires de Córdoba, Eulogio etc. En Asia, en los tiempos modernos, tenemos los mártires de Japón, Corea, Vietnam y China. Entre los romanos existía la ley Julia que mandaba venerar la triade romana y que Tiberio completó con pena de lesa majestad al que no venerase al emperador o sus estatuas. Los 10 mil [aproximadamente] mártires entre los años 64 y 313 prueban la tesis. Otros imperios tenían leyes contra brujos e maleficios. Debido a los desórdenes de los Donatistas en el norte de África hasta S Agustín era propicio a la pena de muerte por la autoridad civil contra tales herejes, de los que salieron los circumcelliones. Justiniano (493-565) en su código de haereticis iguala el hereje al traidor y lo condena a muerte. En el siglo VII el arriano Leovigildo mató su hijo Hermenegildo por este se convertir al catolicismo [aunque otros dicen por rebelarse como traidor]. Prisciliano fue el primer hereje muerto por la autoridad civil [Máximo] en nombre de la religión católica por maleficium [hechicería]. Veamos la primera inquisición contra herejes en la Historia. Las mayores persecuciones religiosas no fueron las de la Edad Media, comenzaron con la Revolución Francesa (siglo 18) y los regímenes comunistas del XX. En España, en la revolución de Asturias y durante la guerra civil hubo aproximadamente 10 mil víctimas, tantas cuantas en casi 300 años produjo el imperio romano. La primera víctima de la guerra civil española fue el hijo de un sacristán. Tuvo lugar por la mañana del mismo sábado 18 de julio de 1936, y fue el asesinato a sangre fría de un niño, hijo del sacristán de la parroquia de San Ramón, en el interior de la parroquia de San Ramón Nonato, en el Puente de Vallecas.

ORIGEN DE LA INQUISICIÓN CATÓLICA COMO TRIBUNAL DE DELITOS DE FE:

En el siglo XIII no había delito o aberración mayor que la de hereje, por lo que la mayoría de los mismos moría linchada o ejecutada de forma arbitraria y expeditiva por la autoridad civil. La inquisición supuso un avance humano, pues evitaba víctimas inocentes. La Inquisición medieval fue establecida en 1184 mediante la bula del papa Lucio III Ad abolendam, como un instrumento para acabar con la herejía cátara. Fue el embrión del cual nacería el Tribunal de la Santa Inquisición y del Santo Oficio. El castigo físico a los herejes había sido dispuesto con anterioridad por Federico II Hohenstaufen, la institución de la Inquisición se dio para detener los abusos que estos procesos podrían sufrir por parte del poder civil. El primer tribunal integrado por religiosos para juzgar los casos de herejía fue en 1220 en Sicilia con dependencia directa de Roma. Cerca de 1184 tenemos la primera inquisición propiamente dicha, llamada episcopal (hasta 1230) en que se transforma en Inquisición Papal. En particular fue un arma contra los herejes Cátaros o valdenses. Los Cátaros fueran primariamente conocidos en 1140 y los valdenses en 1170 en el norte de Italia. Federico II (1195-1250) emperador de Germania, para granjearse la amistad del nuevo Papa Honorio III (1216-1227), solicitó una apertura de un tribunal con competencias religiosas, destinado a frenar la expansión de los albigenses (cátaros en el sur francés, principalmente), herejía que transcendía lo meramente religioso para penetrar en el nivel social. Aunque la primera inquisición episcopal ya funcionaba desde el año 1184 por una bula papal de título Ad abolendum como respuesta a los cátaros en Francia [Languedoc o Lemosin], pero por deficiencias de esta Inquisición episcopal en 1230 se fundó la Inquisición Papal (1230-1542). En este último año se transformó en el Tribunal del Santo Oficio, nombre con el cual llegó hasta 1965, en que tomó el nuevo nombre de Congregación de la Santa Fe. Fueron unas bulas de Gregorio IX que llenó la Inquisición con profesionales, especialmente entrenados para eso, entre las diversas órdenes y clero secular, mas especialmente de la Orden dominicana. Después de 1200 hubo dos líneas fundamentales: unos procedimientos comunes, usando autoridades locales como base de tribunales contra herejes, y el nombramiento de un gran Inquisidor que persistió hasta el siglo XIX.

INQUISICIÓN CONTRA LOS ALBIGENSES
EL GNOSTICISMO CÁTARO EN OCCITANA:
La relación estrecha entre el poder eclesiástico y civil a la hora de castigar la herejía se afirmó por causa de la propagación de una secta gnóstica en tierras del país de Oc, conocida como de los Albigenses por tener su centro en la ciudad de Albi. Su nombre más conocido era el de Cátaros [puros o limpios del griego], que era el título e los perfectos. Eran hombres que habían recibido diversas tradiciones gnósticas occidentales como la de Prisciliano, los bogomiles búlgaros cuya doctrina se fundaba sobre los dos principios del maniqueísmo [bien y mal]. Esta última doctrina hizo eco en el norte de Italia y en el sur de Francia. En la práctica, predicaban el mal como proveniente de la materia, especialmente del cuerpo. Por eso tienen como doctrina la abstención de la carne [en la alimentación como en la cópula] la austeridad y el alejamiento de lo material, negando por eso la naturaleza humana de Cristo [docetismo]. Rechazaban asimismo casi todos los sacramentos. También creían en la reencarnación de las almas, progresivamente purificadas de su apego a lo material, hasta retornar al paraíso inmaterial de Dios. Consideraban pecado prestar juramento. A ojos de los fieles, los cátaros (sobre todo los más destacados de entre sus cabecillas, o “perfectos”) eran populares por su vida ascética, contrastando fuertemente con la opulencia en la que se habían acostumbrado a vivir los clérigos católicos, muy principalmente los obispos, que detrás de la creación de los reinos germánicos feudales, se convirtieron en señores temporales. En Languedoc las comunidades de conversos cátaros alcanzaron en el siglo XI una cierta importancia, protegidos por el duque Guillermo de Aquitania, uno de los señores feudales más poderosos de Occidente (tenía más territorio y vasallos que algunos reyes contemporáneos). Mientras tanto, varios concilios de la Iglesia (Charroux 1028, Tolosa 1056, Tours 1163, Tercero de Letrán 1179) habían condenado los errores del gnosticismo. A diferencia de otros lugares, en Occitania y Provenza los albigenses, lejos de desaparecer, se fortalecieron día a día. Los obispos católicos de esas diócesis no lograban extinguir las comunidades cátaras; peor aún, cuando tenían querellas por cualquier motivo con los señores locales, estos ejercían la protección a los herejes como arma para combatir al poder eclesiástico. Como sucedería cuatro siglos más tarde en Alemania, muchos príncipes terrenales, poco versados en asuntos teológicos, ensayaban el apoyo a los rebeldes doctrinales a la Iglesia como forma de librarse de la tutela de la jerarquía eclesiástica. Los intentos del poder civil por controlar la Iglesia (tanto por su ascendiente espiritual como por su riqueza material), que cristalizaría en las “iglesias” luteranas o la comunión anglicana durante el Renacimiento, tuvo sus primeros pasos en los intentos de los barones y condes lemosines del siglo XII. Contra esta vertiente política, al igual que contra la teológica, lucharía incansablemente el papado medieval, para afirmar la unidad de la Iglesia en toda la Cristiandad, y a la vez su separación de los poderes temporales.

La predicación católica contra el catarismo. La constitución Ad abolendam
La Santa Sede envió numerosos predicadores y legados para extirpar el error en Occitana, algunos de ellos muy ilustres. En 1147 fue el célebre Bernardo de Claraval (uno de los grandes de la orden del Císter y predicador de la segunda cruzada), enviado por el papa Eugenio III, quién obtuvo algunos éxitos que se revelaron un tanto efímeros. El cardenal Pedro de san Crisógono no obtuvo resultados más notables en 1178. Dejando de lado a los “perfectos”, que trataban de vivir según la regla de sus creencias, la mayoría de las comunidades albigenses estaban formadas por miembros cuya exigencia de vida era menor. Muchos personajes influyentes, como mercaderes y nobles, se habían convertido al catarismo, y habían arraigado el movimiento en el país, hasta el punto de que esta herejía le dotó de un cierto sentimiento nacional; en algunas ciudades los cátaros eran más numerosos que los católicos, y los obispos eran manifiestamente impotentes para evitarlo.
Roger, conde de Beziers, fue el primer gran señor feudal que apoyó públicamente a los excomulgados. El siguiente legado papal, el cardenal Enrique, obispo de albano (que había sido abad cisterciense de Claraval), entró en la región en 1180 acompañado de un ejército, que tomó por la fuerza el castillo de Labort, donde el conde Roger fue obligado, junto a otros señores locales, a abjurar de la herejía. Unos años más tarde, en el sínodo de Verona, y precisamente a propósito de los albigenses, el papa Lucio III (también antiguo monje cisterciense), por primera vez en la historia de la Iglesia, decretó en la constitución Ad abolendam que aquellos a quienes los obispos declarasen herejes y no se arrepintiesen, fueran entregados a la justicia secular para que los príncipes cristianos los castigasen. Aquello que había sido práctica ocasional, se convirtió a partir de ese momento en uso legal. Este concilio sentó las bases de la colaboración entre el poder eclesiástico y el civil en la represión de la herejía, pero no supuso el antecedente directo del tribunal de la Inquisición, como algunos postulan, pues la autoridad doctrinal continuaba recayendo en el ordinario local. De hecho, Lucio ordenaba a los obispos de los territorios con brotes de herejía girar visita una o dos veces al año para inquirir si existían recaídas. En la constitución se establecían ciertas prácticas que luego resultarán familiares en los usos del Santo Oficio: el obispo debía hacer jurar a tres o más hombres de buena fama de cada lugar que delatarían a aquellos que tuviesen prácticas sospechosas de herejía; asimismo, todos los señores feudales prometerían ayudar a la autoridad episcopal para descubrir a los heresiarcas, bajo pena de excomunión y confiscación de sus posesiones.

Inocencio III y la primera legación inquisitorial papal
El fracaso de estas disposiciones era patente al subir al solio pontificio Inocencio III en 1198. El gnosticismo estaba tan asentado en la antigua Galia Narbonense que ya era protegido por los más elevados entre los nobles de aquellas tierras, con su mayor exponente, el conde Raimundo VI de Tolosa, como su principal patrocinador. La disputa teológica había dado paso a un problema político, con una provincia entera a punto de declarar un cisma religioso con la Santa Sede. Los obispos locales se hallaban ya avasallados por completo a los nobles, y no protestaban de la extensión de la herejía, por miedo a perder el favor de los poderosos y verse expulsados de sus sedes. Inocencio III, procedente de una nobilísima familia patricia, doctor en teología por París y en derecho por Bolonia, no era hombre dispuesto a arredrarse ante tan grave riesgo. Unía a su erudición una energía infatigable, un modo de vida sencillo (que contrastaba con los usos suntuosos de la curia en aquel tiempo) y una juventud inusual en un papa (no había cumplido los 37 años al ascender al primado de la Iglesia). Considerando en toda su gravedad el problema de los cátaros, en 1203 el papa envió prudentemente dos legados pontificios, los monjes cistercienses Pedro de Castronovo, o Castelnau, y Radulfo, para que predicasen la doctrina católica en las tierras del Mediodía Galo. Esta embajada actuó al margen de los obispos, aunque sin anular públicamente su autoridad. A su regreso, y tras escuchar sus observaciones, Inocencio formuló una nueva comisión en 1204 que ya podemos llamar propiamente inquisitorial; a los dos anteriores legados, se unió Arnaldo Amaury, abad del Císter, todos ellos con autorización para proceder contra los herejes que, una vez predicados, se negasen a abjurar de sus errores. Serían excomulgados, privados de sus bienes y entregados a la justicia civil (el brazo secular), y para ello otorgaba a los nobles locales que colaborasen con la comisión, indulgencias equivalentes a las de aquellos que marchaban a combatir a Tierra Santa (y en ello ya se prefiguraba la promulgación de cruzadas contra herejes con la misma categoría que las emitidas contra los infieles). El área sobre la cual el papa concedió poderes a esta comisión especial incluía territorios de varios obispados incluidos en las archidiócesis de Aix, Arlés y Narbona. La autoridad episcopal era orillada por los legados, siendo este el primer caso en la historia de la Iglesia. Lógicamente, los obispos locales protestaron contra esta intromisión en su jurisdicción pastoral. Aunque de iure los obispos seguían siendo cabeza de sus congregaciones, de facto esta comisión con autoridad a su margen mostraba públicamente que el papa desconfiaba de su labor, imponiéndoles un mando superior en asuntos disciplinares. La tensión fue grande, pues los clérigos locales se negaron a colaborar con los legados papales, introduciendo un nuevo factor de tensión en el ya complicado juego local. A la disputa teológica y la política, se unía ahora el enfrentamiento entre la colegialidad eclesial y la preeminencia del papa sobre todos los obispos. Inocencio III era lo suficientemente resuelto como para afrontar todos estos retos. Anuló la autoridad de los obispos de Occitana mientras durase la misión de la legación pontificia, y escribió a los soberanos de Francia, Felipe II, y Aragón, Pedro II (llamado el Católico), para que colaborasen al máximo con los enviados papales durante el tiempo de su misión. El francés hizo poco caso del pedido, pero Pedro II, que tenía intereses muy directos en la región (mantenía lazos familiares y de vasallaje con casi todos los señores del Mediodía), convocó un encuentro en Beziers ese mismo año de 1204, en el que predicadores católicos y cátaros mantuvieron una disputa teológica. El resultado fue que ninguna de las dos delegaciones convenció a la otra, pero para el rey aragonés sirvió para mostrar su colaboración de algún modo con el papa, mientras meditaba que actitud tomar ante aquel problema doctrinal y político, que podía significar tanto la anexión de inmensos territorios como su expulsión de la región e incluso su excomunión.
La crisis de la legación contra la herejía cátara. Excomunión de Raimundo VI y asesinato del legado Pedro de Castelnou
Mientras, los legados llevaban a cabo su misión con tesón, combinado con períodos de desánimo (Pedro llegó a escribir al papa pidiéndole volver a su monasterio, lo cual le fue denegado). Pese a recorrer numerosos lugares predicando sin descanso, lograron pocas conversiones en los primeros meses, y se encontraron con la frialdad de los señores locales y con la oposición abierta de los obispos. Aquellos se resistían a expulsar a los cátaros, que en algunos lugares constituían la mayoría de la población, eran pacíficos y, precisamente por temor a los legados papales, sus más leales y obedientes súbditos. Los episcopios albergaban incalculable rencor por haberse visto privados de las prerrogativas disciplinares de sus cargos. Inocencio escribió a los legados exhortándoles a continuar con su labor, a los obispos de Narbona y Beziers reconviniéndoles por su conducta y amenazándoles con graves castigos, y a los reyes vecinos reprendiéndolos por sus vacilaciones a la hora de combatir a los enemigos de la Iglesia.
En 1206 la misión pontificia se reforzó con la llegada a Tolosa de doce nuevos monjes del Císter y dos clérigos castellanos: Diego de Acebes, obispo de Osma y el sacerdote Domingo de Guzman, futuro santo fundador de la Orden de los Predicadores. Estos aconsejaron a los legados que unieran a las prédicas una vida de sencillez y pobreza, para que el ejemplo de los herejes “perfectos” quedara anulado por uno similar de los católicos. La predicación se reinició con mayor vigor, y el encono se incrementó, pues los católicos de aquella tierras, hartos de la preeminencia de los cátaros durante décadas, principiaron a apoyar con mayor ardor a los legados papales, orillando a su propios obispos. Pedro de Castelnou tomó la determinación de agotar la tolerancia, y comenzar el castigo de los protectores de la herejía.
En 1207, Castelnou planteó un acuerdo de paz general de todos los nobles con el papa, con la condición de que no fuesen empleados judíos en la administración, ni aceptar sus préstamos, devolver a la Iglesia el dinero confiscado y, sobre todo, mostrar signos evidentes de no tolerar la herejía en sus tierras. Raimundo VI de Tolosa, cabeza de todos los nobles de la región, se negó a cumplir las condiciones. El legado le excomulgó en mayo de ese año. El conde se avino a aceptar entonces las peticiones, con lo que fue perdonado, pero en vista de que seis meses después nada se había hecho, el legado papal volvió a excomulgarle.
Raimundo VI se reunió con él en Saint Gilles para exigirle que levantara la sanción (que aparte de poner en riesgo la salvación de su alma, suponía la interdicción de sus tierras, expuestas a ser tomadas por cualquiera sin castigo). Negose Pedro a dar satisfacción a su pedido mientras no hiciese aquel un gesto claro de aplicación de los decretos conciliares contra los albigenses. Se separaron en disputa, y pocos días después, el 15 de enero de 1208 un escudero del conde asesinó al legado papal.

La cruzada albigense
Aunque este alegó de inmediato haber actuado por cuenta propia y no por orden de su señor, el mal estaba hecho. El resuelto Inocencio III no estaba dispuesto a pasar por alto la ofensa directa a su dignidad causada con el homicidio de su vicario, y convocó de inmediato la cruzada contra los albigenses y cualquiera que les protegiera. Las tierras de los herejes debían ser confiscadas por las autoridades civiles o serían tomadas a voluntad por los cruzados, los cuales, si servían durante al menos 40 días en la misma, recibirían indulgencia plenaria de sus pecados, similar a la obtenida por las cruzadas en Tierra Santa. Las cartas del papa fueron enviadas al duque de Borgoña, a los condes de Nevers, Bar y Dreux, al rey de Aragón y principalmente al rey de Francia, en quién mayor confianza tenía. Felipe II Capeto, absorbido en otros intereses (estaba en guerra con el rey de Inglaterra Juan Plantagenet “sin Tierra”), declinó aceptar la dirección de la empresa, pero autorizó a sus vasallos a incorporarse a la misma, y un tropel de nobles francos se unió a la cruzada.
Esta estuvo formada principalmente por franceses, entre los que destacó pronto Simón de Montfort, que fue elegido caudillo por sus dotes militares, y financiada directamente por la Iglesia, que detrajo el diezmo de sus ingresos en las diócesis afectadas, para costearla. Inocencio III nombró a Amaury, abad cisterciense de Citeaux y uno de los legados papales, como jefe espiritual de la expedición.
Primeramente los cruzados entraron en tierras del bajo Ródano. Allí se les unió Raimundo VI de Tolosa, reconciliado con el papa, que les guió a tierras de su sobrino Ramón Trencavel, con el que mantenía querellas personales; Trencavel era el único señor occitano que, ante la convocatoria de la cruzada, persistía en su defensa de los cátaros. Este cabalgó al encuentro de los capitanes franceses y el legado papal, para intentar persuadirles de que no entraran en sus tierras, pues él nada tenía que ver con el asesinato de Castelnou. Como sospechoso de herejía fue expulsado del campamento y retornó a Beziers para poner a la ciudad en estado de defensa, dirigiéndose seguidamente a Carcasona, su capital.
Los cruzados asaltaron violentamente Beziers en julio de 1209, sacrificando a los ciudadanos refugiados en la iglesia de la Madeleine. Allí se produjo la célebre contestación que el abad Amaury dio a un soldado que le preguntaba cómo distinguirían a los católicos de los herejes entre los refugiados en el templo: “Matadlos a todos. Dios reconocerá a los suyos”. En la ciudad murieron entre 7 y 8.000 personas. Tal brutalidad era en realidad poco común en la época (era mucho más frecuente el saqueo y la captura de prisioneros que eran liberados contra rescate), e informa con gran precisión del odio que las disputas religiosas podían llegar a producir. Algunos autores opinan que los cruzados procedieron intencionadamente así, con objeto de sembrar el terror en sus enemigos y facilitar su campaña. Si tal era el motivo, se puede decir que triunfó plenamente, pues a partir de ese momento Simón de Montfort y los suyos avanzaron sin oposición, y todos los castillos y ciudades se rindieron sin combatir, hasta llegar a las puertas de Carcasona, donde se refugiaba el conde.
Pedro II de Aragón acudió al sitio para negociar condiciones de paz en defensa de Ramón Trencavel, también sobrino suyo (todos los nobles occitanos tenían parentesco entre sí y con la casa real de Aragón por medio de los condes de Barcelona). La ciudadela fue entregada y Trencavel acabó muriendo, prisionero, en sus propias mazmorras. Montfort obtuvo del papa toda la región en feudo, y amplió sus dominios conquistando diversos bastiones más durante todo el año, hasta ser nombrado vizconde de Rasez.
El trato inhumano a Trencavel, las crueldades de los cruzados en Beziers, la injerencia del rey de Francia (de quién Montfort, pese a sus ambiciones particulares, no dejaba de ser vasallo) en la Galia meridional, movieron a los señores del Mediodía, inicialmente colaboradores con la cruzada, a oponerle resistencia. Más por razón política de la entrada de un nuevo poder en la región, encarnado en el jefe de los cruzados, que en una sincera adhesión a las doctrinas gnósticas, de las cuales todos aquellos estaban alejados. La cruzada terminaba, comenzaba un combate mucho más mundano y pecaminoso para alcanzar o defender cuotas de poder y territorios.

La guerra civil en Occitana
Montfort había comenzado a ejecutar a herejes cátaros que se negaban a abjurar, quemándolos en hogueras (se calcula unos 140 en la toma del castillo de Minerve en junio de 1210), mientras continuaba ampliando sus posesiones so pretexto de la Cruz. Pocas veces se ha amparado un comportamiento más inhumano y anticristiano bajo la excusa de una cruzada como la que tuvo lugar en aquellos días. Inocencio III, no obstante, no retiró al capitán de la hueste su protección, convencido como estaba que extirpar el error gnóstico bien valía los crímenes que incidentalmente se pudieran producir (lo que hoy se llamarían “daños colaterales”). Más crueldades se producirían en la toma de Lavaur, en mayo de 1211, cuando su señor Aymeri de Montreal y 80 de sus caballeros fueron ahorcados, su hermana embarazada lapidada y arrojada a un pozo, y 400 cátaros quemados vivos. Añádase a este enredo un elemento social: la participación, en el lado cruzado, de tropas mercenarias del obispo Folquet de Tolosa, conocidas como la “compañía blanca”, que contaban con el apoyo de los sectores más desfavorecidos del Lemosín, que miraban con recelo a los cátaros, entre los que se contaban muchas de las familias más prósperas.
Raimundo VI de Tolosa, unido al conde de Foix y otros pequeños señores occitanos, presentó batalla a Simón de Montfort en la batalla de Castelnaudary en septiembre de 1211, cuyo resultado fue incierto. El tolosano, entonces, pidió ayuda a su poderoso cuñado, Pedro II de Aragón, con cuya hermana Leonor había casado en 1200. Había mantenido diferencias en el pasado, pero ahora era la única fuerza con la que podía contar.
La intachable ortodoxia de Pedro (declarado “Católico” por el mismo papa), que sólo un año antes había vencido al infiel almohade en la batalla de las Navas de Tolosa, y que en 1198 dictó leyes contra los cátaros en sus propios territorios hispanos, era garantía de protección frente a una eventual interdicción papal. Previamente, en los concilios provinciales de Saint Gilles (julio de 1210) y Montpellier (febrero de 1211), Raimundo buscó una reconciliación, pero se negó a aceptar las condiciones del legado papal, Amaury, que le exigía la expulsión de sus caballeros, la entrega de Tolosa y su marcha a combatir en Tierra Santa.
Pedro II intentó llegar a una alianza con Simón que sirviera de protección a sus vasallos lemosines, pactando el matrimonio de su hijo Jaime con Amicia, la hija de Montfort. Roto el acuerdo por este último, Pedro protestó ante la Santa Sede, y se convocó el concilio de Lavour. En este, pese a la disposición de Raimundo a someterse a los dictados del legado papal, Montfort exigió su deposición, y Pedro II salió fiador de sus vasallos transpirenaicos. Inocencio III vaciló ante la resolución del rey católico, pero finalmente, convencido de que el único elemento resolutivo contra la herejía era el vizconde de Rasez, le apoyó contra los señores occitanos.
De ese modo se llegó en septiembre de 1213 a la dramática jornada de Muret, en la que el rey Pedro II el católico fue derrotado y murió junto a diez mil de sus hombres a manos de los franceses. Raimundo VI hubo de exiliarse en Cataluña, y Tolosa pasó a feudo de Montfort. El IV concilio de Letrán, convocado en 1215, confirmó los resultados de esta batalla, nombrando a Simón el cruzado duque de Narbona, conde de Tolosa, y vizconde de Carcasona y Rasez. Es decir, tanto como rey del Mediodía galo.



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